En los últimos veinte años, las principales crisis y cambios en las economías global y nacional han ejercido presión sobre los entornos urbanos a medida que las ciudades se ven obligadas a desempeñar un papel más importante en la economía (Sassen, 1994). En muchos casos, esto ha afectado negativamente la calidad de vida de los ciudadanos, lo que a su vez ha generado una reflexión colectiva que involucra tanto al Estado como a la sociedad civil sobre los bienes comunes urbanos deseados y sobre cómo preservarlos o lograrlos. Este es especialmente el caso de su impacto en la vivienda asequible, los servicios, la gentrificación y las identidades colectivas. Un buen ejemplo de esto es la reciente promoción por parte de las élites políticas y económicas del turismo como motor del desarrollo urbano. El turismo de masas se ha intensificado en las últimas décadas debido a la transformación del turismo en una importante industria mundial, así como al cambio del capitalismo basado en la manufactura a economías “posfordistas” y el auge asociado de industrias urbanas basadas en el consumo, la cultura, la el ocio (Novy & Colomb, 2019) y la economía de la experiencia (Pine & Gilmore, 1999; Lofgren, 2015). Otro ejemplo, es la construcción de megaproyectos que involucran eventos deportivos (Juegos Olímpicos, Copa del Mundo) o la regeneración de los centros de las ciudades o áreas portuarias, que han impactado negativamente el bienestar de los ciudadanos y el derecho a la vida urbana (Lefebvre, 1996).

La ciudad es, simultáneamente, el campo donde se implementan nuevas medidas económicas y sociales, así como formas de gobernanza, y el lugar mismo donde se movilizan nuevas reivindicaciones y luchas por los derechos, el reconocimiento y la justicia socioespacial. La ciudadanía urbana encarna tanto especificidades contextuales como transformaciones temporales (Zavos et al., 2017). En respuesta a estos desarrollos, los ciudadanos se organizan de diferentes maneras y los académicos utilizan conceptos clave para comprender la dinámica entre los diferentes grupos y entre los grupos de ciudadanos y sus entornos urbanos. La ciudadanía urbana se considera como membresía y pertenencia a una comunidad urbana donde se garantizan los derechos y el acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo la vida urbana (Lund, 2011). Está conformado por las intersecciones encarnadas de las diferencias socioespaciales que involucran el género, la clase, la etnia y el estatus migratorio y la infraestructura de materialidades (Sultana, 2020). Según Holston (2009: 12), la ciudadanía se refiere a la ciudad como su esfera pública y a los reclamos de derechos que abordan las prácticas urbanas, así como los reclamos relacionados con la residencia, la vida de barrio, la infraestructura, el transporte y el consumo colectivo. La ciudadanía no es solo una finalidad sino un proceso de inclusión a nivel local y una expresión de participación social y política que implica tanto la formulación de nuevos reclamos como la defensa de los derechos existentes (Santiago et al., 2017).
Los comunes urbanos no son solo una crítica o contestación de las formas de cercamiento que emergen de la creciente explotación de las ciudades que las somete a una lógica de explotación sin consideración de la calidad de vida de sus habitantes (Kratzwald, 2015, 26-7). Los proyectos de bienes comunes urbanos actúan esencialmente como una contrademanda al privilegio del valor de cambio sobre el valor de uso, o de la ganancia sobre las personas, que ha caracterizado las prácticas de desarrollo urbano dominantes en las últimas décadas (Mayer, 2009). Representan un cambio de paradigma en la gobernanza urbana y la ciudadanía. Este concepto se basa en la idea de que los espacios públicos, el suelo urbano y la infraestructura deben ser accesibles y capaces de ser utilizados por las comunidades urbanas para producir y mantener una variedad de bienes y servicios fundamentales para la sostenibilidad de esas poblaciones (Foster & Iaione, 2017). Los principios clave de este concepto incluyen el compartir, la colaboración, el compromiso cívico, la inclusión, la equidad y la justicia social.